jueves, 26 de febrero de 2026

PLANTEA ENRIQUE VARGAS ENDURECER SANCIONES POR VENTA Y TRANSPORTE ILEGAL DE PIROTECNIA


*  La iniciativa propone penas de hasta seis años de prisión y multas económicas.

*  También busca prohibir el traslado en vehículos motorizados o ferroviarios sin autorización.


Ciudad de México febrero 2026.- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el objetivo de establecer agravantes penales en casos de venta y transportación ilegal de pirotecnia.

La propuesta surge en un contexto en el que, según datos expuestos por el legislador, entre 2006 y 2024 se han registrado más de 630 accidentes relacionados con esta actividad en el país. Vargas argumentó que, aunque la pirotecnia forma parte de tradiciones culturales, su fabricación, comercialización y traslado sin permisos representa riesgos para la seguridad pública, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas.

De acuerdo con la iniciativa, se prohibiría el uso de cualquier medio de transporte motorizado o ferroviario para movilizar pirotecnia sin autorización, y sería obligatorio contar con licencia o permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional para transportar o almacenar estos materiales.

El senador señaló que actualmente las sanciones se aplican principalmente en el ámbito administrativo y que la legislación carece de agravantes claras cuando se pone en riesgo a terceros, a menores de edad o cuando existe reincidencia. Por ello, plantea penas de cuatro a seis años de prisión y multas de diez a 300 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) para quienes fabriquen, vendan, transporten o almacenen artificios pirotécnicos sin permiso.

Asimismo, propone armonizar las agravantes penales y fortalecer la regulación en los ámbitos federal y estatal, particularmente en mercados, centros comerciales y zonas de alta concentración poblacional.

El legislador sostuvo que la intención es diferenciar entre la actividad regulada y el comercio clandestino, y actualizar el marco normativo con un enfoque de seguridad pública y gestión integral de riesgos.



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