• El apellido López Obrador no puede ser sinónimo de impunidad.
• Andy López Beltrán debe aclarar los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado.
Toluca Estado de México agosto 2026.- La cancelación de la visa de Estados Unidos a Andy López Beltrán pone nuevamente bajo la lupa al círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador y deja claro que los cuestionamientos no pueden resolverse con discursos políticos ni llamados a cerrar filas.
Más que pedir explicaciones al gobierno de Estados Unidos o cuestionar al Secretario de Estado, Marco Rubio, y al Subsecretario, Christopher Landau, quien debe responder es Andy López Beltrán.
Si existen señalamientos sobre sus relaciones, negocios o presuntos vínculos con grupos fuera de la ley, corresponde a él aclararlos ante la opinión pública y ante las autoridades que correspondan.
Resulta contradictorio que, después de pedir la destitución de funcionarios estadounidenses, desde el oficialismo se pretenda convertir la decisión sobre una visa en un ataque contra México, cuando las autoridades de ese país han dejado claro que estos documentos están sujetos a criterios de seguridad y legalidad.
Desde el PRI exigimos transparencia y rechazamos cualquier intento de convertir estos cuestionamientos en una campaña de victimización.
El apellido López Obrador no puede ser un escudo frente a la ley ni un certificado de honestidad, como tampoco puede existir una protección especial para quienes forman parte del círculo cercano del poder.
La molestia ante decisiones tomadas por autoridades extranjeras también pone sobre la mesa la falta de confianza en la justicia mexicana, porque cuando las instituciones nacionales no actúan con independencia, las investigaciones y resoluciones de otros países terminan ocupando un espacio que debería corresponder a nuestras propias instituciones.
La justicia puede tardar, pero eso no significa que los cuestionamientos desaparezcan.
También fue acertado rechazar el llamado del gobierno de Claudia Sheinbaum para cerrar filas en una supuesta defensa de la soberanía.
La soberanía no se defiende protegiendo intereses particulares ni descalificando a autoridades extranjeras, se defiende garantizando seguridad y justicia para los mexicanos.
El PRI no defenderá a quienes tengan vínculos con el crimen organizado ni a quienes pretendan utilizar esos acuerdos para influir en procesos electorales a costa de la seguridad de los ciudadanos.
Mientras Morena cierra filas en defensa de personajes de su propio círculo, las familias mexicanas siguen enfrentando la delincuencia, la desaparición de personas y la falta de resultados.
La soberanía se demuestra con seguridad y paz, como ocurre en estados donde el PRI mantiene la confianza ciudadana, como Coahuila.
En contraste, Yucatán y Campeche enfrentan un escenario de creciente preocupación en materia de seguridad, lo que demuestra que el discurso no basta y que los gobiernos deben responder con resultados.
Por eso, la cancelación de una visa no puede verse como un asunto aislado ni convertirse en una bandera para el oficialismo, cuando lo que está sobre la mesa son preguntas que deben tener respuestas.
LA CANCELACIÓN DE LA VISA: DE UN ASUNTO PARTICULAR A UN TEMA DE ESTADO
Es notable el cambio de postura oficial, primero se dijo que el tema de la visa era un asunto estrictamente particular y ahora el gobierno pretende convertirlo en una cuestión de Estado.
Resulta preocupante ver a secretarios de gabinete, gobernadores y legisladores solidarizándose con un ciudadano sin cargo público ni actividad productiva conocida antes del actual sexenio, en lugar de pedirle que aclare los señalamientos que existen en su contra.
México necesita mantener una relación sólida y de confianza con Estados Unidos, especialmente durante las negociaciones del T-MEC, por lo que las reacciones del gobierno de Claudia Sheinbaum no ayudan a fortalecer la relación bilateral.
La confianza se construye combatiendo la delincuencia y dando respuestas claras frente a cualquier señalamiento, no descalificando a las autoridades que investigan.
EL COMPROMISO DEL PRI CON LA DENUNCIA Y LA LEGALIDAD
El PRI mantendrá su postura de denuncia ante cualquier vínculo entre políticos y el crimen organizado.
La sociedad mexicana tiene derecho a conocer quiénes han permitido el avance de la delincuencia y quiénes han utilizado el poder para proteger intereses particulares.
Estos señalamientos serán llevados ante las instancias correspondientes, tanto nacionales como internacionales.
Ante el control que ejerce el partido oficial sobre las instituciones y el Congreso en México, es necesario acudir a organismos externos para buscar la justicia que aquí se pretende utilizar como herramienta política.
Si existiera una justicia independiente y libre de pactos, no habría necesidad de buscar resoluciones fuera de nuestras fronteras.
El PRI y su dirigencia nacional, encabezada por el senador Alejandro Moreno, no guardarán silencio ante el uso del aparato estatal para perseguir adversarios y proteger irregularidades internas.
En México nadie debe estar por encima de la ley, y el apellido López Obrador tampoco puede serlo.
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