Ciudad de México, diciembre 2025.— Con el objetivo de fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes en los planteles educativos, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Enrique Vargas del Villar, presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley General de Educación y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de prevenir, atender y sancionar la violencia docente en las escuelas de todos los niveles.
El senador por el Estado de México explicó que, pese a que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los tres órdenes de gobierno a garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia, diversas estadísticas evidencian la magnitud del problema. Señaló que casi un tercio de los estudiantes a nivel mundial ha sido víctima de violencia escolar, mientras que datos del Inegi indican que uno de cada cuatro alumnos violentados identificó a un adulto de su escuela como agresor físico o emocional.
Vargas del Villar subrayó que estas cifras hacen indispensable fortalecer el marco legal para evitar la normalización de conductas violentas dentro de los centros educativos.
“La protección de niñas, niños y adolescentes en entornos educativos es una obligación impostergable del Estado mexicano. El Artículo 3 constitucional garantiza el derecho a una educación con respeto a la dignidad humana, mientras que el Artículo 4 establece el interés superior de la niñez como criterio prioritario”, afirmó.
La iniciativa contempla la reforma al Artículo 7 de la Ley General de Educación, para establecer como obligación del Estado la prevención, atención y sanción de la violencia docente, entendida como cualquier acción u omisión del personal docente o directivo que atente contra la integridad física, emocional, sexual o educativa del alumnado.
Asimismo, propone modificar el Artículo 74 Bis, para que las instituciones educativas cuenten con protocolos obligatorios de denuncia, investigación y atención en casos de violencia docente, garantizando la confidencialidad, la protección de los denunciantes, medidas cautelares inmediatas para los menores, el debido proceso y el acompañamiento jurídico y psicológico a las familias.
De igual forma, la iniciativa plantea la creación de Registros Estatales de Violencia Docente, con el fin de evitar la reincidencia de estas conductas en otras instituciones educativas. Además, mediante la reforma al Artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece como obligatoria la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad correspondiente, para brindar atención y acompañamiento a las víctimas.
“Con estas acciones se fortalece el derecho de las y los menores a una vida libre de violencia y se dota al sector educativo de una estructura jurídica clara para prevenir y atender estos casos, reconociendo que las y los docentes son actores fundamentales del proceso educativo”, concluyó el senador.
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